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Amnistía Internacional recuerda a El Salvador su responsabilidad

Es la primera vez que un secretario general de AI visita El Salvador.

El secretario general de AI, Salil Shetty, fue el encargado de abrir la mesa redonda, en la que participó una decena de organizaciones defensoras de Derechos Humanos de El Salvador

 

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty,  valoro el trabajo y los esfuerzos que realizan diariamente las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en El Salvador y, en particular, aquellas que vienen luchando por la despenalización terapéutica, eugenésica y ética del aborto. Tras lamentar que la ley de aborto en El Salvador es una de las más restrictivas del mundo, Shetty se solidarizó con las mujeres que sufren las duras consecuencias de esta legislación y se mostró convencido de que la “justicia ganará” y antes o después se modificará la ley. Para ello, recordó al Gobierno salvadoreño  su “responsabilidad” de hacer frente a todos los problemas del país, incluidos aquellos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El máximo representante de Amnistía Internacional, que mañana jueves presentará el Informe sobre la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en El Salvador, fue el encargado de abrir la mesa redonda, celebrada en el Salón Arboleda del Hotel Real Intercontinental y en la que participaron más de una decena de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre ellas, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, también organizadora del debate.

 

Entre los ponentes, estuvieron presentes representantes de once organizaciones, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Red Ambientalista contra la Minería, ORMUSA, FESPAD, así como de la Coordinadora de Trabajo Regional de Espacios de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la Diversidad.

 

Aunque cada interviniente centró su discurso en el trabajo específico de su organización, siempre relacionándolo con la situación de los derechos humanos en el país -objeto del debate-, prácticamente todos coincidieron en reconocer los avances que ha experimentado el país tras doce años de conflicto armado en materia de leyes y regulación del marco institucional en todos los ámbitos, desde el sector Salud hasta el área de Diversidad cultural, Justicia o Juventud.  Sin embargo, denunciaron que el principal problema reside en la aplicación práctica de todo ese marco legislativo y planes gubernamentales.

Por un lado, denunciaron la falta de presupuesto público, pero, sobre todo, el principal problema que mencionaron los ponentes fue la fragilidad del sistema judicial salvadoreño, un sistema que, según coincidieron, “criminaliza” a los sectores de la población con menos recursos y a las mujeres.

Además, tildaron de “violencia de Estado”, la falta de acceso a la salud, a la educación y a una justicia equitativa para esos sectores más pobres de la población y lamentaron que el Estado vea la violencia, una de las principales lacras del país, “sólo como un problema delictivo y no como un problema estructural, que requiere de soluciones estructurales”.

En definitiva, tal y como resumió Abraham Abrego, de FESPAD, el principal problema en El Salvador es la “deuda histórica” que tiene pendiente el Estado con su población: “El sistema judicial salvadoreño nunca ha garantizado la seguridad y protección de la población, ni tampoco de las víctimas de la guerra”, afirmó, para admitir que “hemos mejorado en leyes”, pero se sigue defendiendo una “política de criminalización” y sigue habiendo una “deuda histórica”.

 

¿UNA CUESTIÓN DE INCAPACIDAD O DE FALTA DE VOLUNDAD?

Precisamente, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, hizo referencia en su intervención de cierre del debate a la responsabilidad del Gobierno de El Salvador para alcanzar un verdadero Estado de Derecho y, en particular, en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se preguntó si el Gobierno salvadoreño “es incapaz o se trata de  falta de voluntad política” para abordar esta problemática.

Sea como fuere, Shetty afirmó que “no hay que ver a los gobiernos como amigos o enemigos, sino como gobernantes” y, a partir de ahí, se les debe exigir que cumplan su “responsabilidad”.

La misión de Amnistía Internacional se completó en la jornada del miércoles con comparecencias y reuniones en la Asamblea Legislativa, en las que tomaron parte autoridades institucionales de alto nivel. Ésta es la primera vez que un secretario general de Amnistía Internacional visita El Salvador.