Las17 El Salvador
OPINIÓN

Una oportunidad para reparar injusticia

Julia Evelyn Martínez (*)

El indulto por razones humanitarias y/o como medio para reparar actos de injusticia, es una constante en la historia de la humanidad. En la India se le considerada un medio de purificación de la conciencia de los gobernantes que lo concedían. En la cultura hebrea la liberación de cautivos representaba una medida para la restauración de la dignidad de las personas durante los años de Jubileo. En los sistemas comunitarios de justicia de los pueblos originarios de Sur América el perdón público se utiliza aún para la reconciliación y el mantenimiento de la paz.
El uso del indulto en sistemas judiciales que se rigen por leyes injustas y/o por Estados confesionales (o en Estados laicos que actúan como si no lo fueran) tiene una importancia primordial para prevenir o reparar injusticias derivadas de la aplicación de estas leyes  o de interpretaciones religiosas de las leyes. Es conocida la historia de Poncio Pilato, Prefecto de Roma en Judea que, convencido de la injusticia que estaba por cometerse contra Jesús de Nazaret, propuso sin éxito, el indulto como una salida política frente a las disposiciones de la Ley Romana  y de la Ley Judía (Torah).

Estas y otras consideraciones sobre el tema,  podrían ser tomadas en cuenta en el análisis de la solicitud de indulto para 17 mujeres encarceladas en El Salvador por delitos relacionados con la penalización absoluta del aborto, que fue presentada ante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de abril por un numeroso grupo de ciudadanos y ciudadanas.

Debido a que el indulto solicitado para estas mujeres deberá contar con la mayoría simple de los votos de diputados y diputadas y con el aval de la Corte Suprema de Justicia y de la Presidencia de la República, se espera un largo y tortuoso camino hasta llegar a un acuerdo definitivo. Sobre todo, porque quienes deberán tomar su decisión sobre esta petición,  tendrán que hacerlo en medio de fuertes presiones y de intensos debates a favor o en contra. Esto sin duda pondrá a prueba no solo la capacidad del Estado de reparar injusticias sino que revelará el verdadero talante moral de quienes nos gobiernan.

Una obligación para  los funcionarios y funcionarias que tengan responsabilidad en el análisis y dictamen sobre este indulto, deberá ser la lectura detallada de los expedientes de estas 17 mujeres encarceladas. Esto les permitirá tener una opinión informada sobre la petición, pero sobre todo, les permitirá darse cuenta del vía crucis por el que deben transitar las mujeres pobres que tienen la suerte de parir en un país como el nuestro. La revisión de estos expedientes les mostrará que vivimos en un país en donde no solo no se  tutelan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pobres sino en el cual, se les criminaliza cuando  sufren las secuelas o  complicaciones de un parto no hospitalario (prematuro o a término), que tiene como resultado la muerte de un neonato.

Las 17 mujeres para las que se solicita el indulto, son mujeres pobres, que desde esa condición estructural estaban condenadas de antemano a tener “malos partos”. Es decir, a tener partos en condiciones extremas y de alto riesgo, en los cuales se pone en peligro la salud (física, emocional y mental) de las mujeres que dan a luz (de forma prematura o a término) y sin que estas mujeres tengan la posibilidad de acceder a cuidados de salud para evitar su muerte y/o la del neonato.

Un mal parto es el que tuvo Marizta de Jesús  (una de las 17 vidas que se marchita en prisión) que tuvo un parto prematuro extra- hospitalario de 38 semanas, y que fue condenada sin pruebas a 35 años de cárcel por la muerte de su  hijo. Uno de los jueces que no estuvo de acuerdo con esta sentencia razonó su voto en contra de la siguiente manera: “Con las pruebas presentadas no hay ningún elemento directo que nos lleve a establecer que ella ejecuto alguna acción tendiente a producir en el cuerpo de la víctima heridas y lesiones que se establece en el reconocimiento médico forense, causaron o produjeron la muerte”. La autopsia realizada por Medicina Legal tampoco pudo determinar si la criatura nació con vida o nació muerta, pero de igual manera, se le condenó a 35 años de prisión, de los cuales lleva apenas 5 años cumplidos.

Otro mal parto fue el parto de 36 semanas que experimentó Mirna, (otra de las 17 encarcelada) mientras usaba la fosa séptica situada en las afueras de su vivienda y que le provocó un shock emocional debido al cual no tomó conciencia de que el neonato había caído al fondo de la fosa. Fue llevada de emergencia a un hospital público por su familia, en donde la ginecóloga que la atendió extendió una constancia en la que se afirma que no fue un parto normal sino un parto precipitado. Afortunadamente el neonato sobrevivió a la caída, lo cual no evitó que Mirna fuera acusada por la Fiscalía General de la República, debido a la sospecha del fiscal  que su extrema pobreza pudo haber sido un motivo suficiente  para querer quitarle la vida a su hijo. El informe de la trabajadora social del Instituto de Medicina Legal que se encuentra en su expediente señala que: “se tiene por acreditado que el hogar en el que vivía la imputada es estable, con apoyo, respeto y responsabilidad, que aunque con limitaciones económica su familia la apoya…”. Ni este informe, ni la declaración de su esposo sobre la ilusión con la que ambos esperaban el nacimiento de su segundo hijo fueron  capaces  de evitar que los jueces que juzgaron su caso la condenaron a 12 años por homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo a ellos, esta mujer estaba en la obligación de sobreponerse a la crisis emocional  que le provocó el parto precipitado en la letrina, y cuidar por la vida de su hijo, antes de que cuidar por la vida propia.

Conocer a estas mujeres y las circunstancias económicas, sociales y emocionales en que dieron a luz, conduce  a concluir que de ninguna manera son “madres desnaturalizadas” ni tampoco “madres asesinas”. No son mejores o peores madres que el resto de mujeres salvadoreñas. Son simplemente mujeres pobres que no tuvieron la suerte de ser atendidas en sus embarazos y partos con la calidez y la calidad con la que seguramente son atendidas en sus partos las  diputadas, magistradas, fiscales, procuradoras o las primeras damas. No tenemos razón para señalarlas ni condenarlas por sus “malos partos”, pero sí tenemos la obligación moral de sentir empatía y  misericordia con ellas, o al menos de  sentir vergüenza por vivir en una sociedad que trata de forma tan cruel a las mujeres pobres.

Soy atea, pero comparto muchos de los preceptos morales sobre los cuales se fundamenta el cristianismo, en especial, la opción preferencia por los pobres, la lucha por la justicia social y la obligación de perdonar a los demás para que podamos ser  perdonados. Por eso, en esta Semana  Santa cuando la comunidad cristiana se concentra en procesiones, cultos, oraciones, alfombras y canticos  rogando por el perdón de los pecados del mundo, no puedo dejar de preguntar: ¿Habrá en estos días un espacio en la agenda espiritual de los diputados/as, magistrados/as  y del Presidente de la República para la practicar la misericordia y conceder el indulto a estas 17 mujeres que están cautivas por motivos injustos? ¿O es que terminarán por ceder a las presiones del Sanedrín e imitaran el ejemplo de  Poncio Pilatos de lavarse las manos frente a la injusticia que se está cometiendo? ¿y qué hará el pueblo cristiano frente al injusto sufrimiento de estas mujeres? ¿Pedir que continúe su suplicio ó exigir a quienes gobiernan su liberación inmediata ?.

No dejemos pasar esta oportunidad para comenzar a reparar injusticias.

(*) Columnista de ContraPunto

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