San Salvador 19 de junio de 2019- Maricela Albizuri enfrenta este 19 de junio la audiencia preliminar del proceso judicial que Fiscalía General de la República lleva en su contra. Ella fue detenida el 1 de noviembre de 2018 en el Hospital Nacional de Zacamil, luego de experimentar un parto extrahospitalario en el interior del baño de su casa. Fiscalía la acusa de homicidio agravado pese a no existir ninguna prueba.
La defensa técnica de Albizuri espera que en esta audiencia se desestime el caso, pues Fiscalía no tiene pruebas que respalden la acusación “Como defensa pediremos el sobreseimiento definitivo, ya que no hay elementos que demuestren responsabilidad de Maricela en lo ocurrido, la autopsia probó que no hubo ninguna contusión o daño al recién nacido, asimismo estamos a la espera del peritaje psicológico del director del Hospital Psiquiátrico, para probar que en efecto ella no tenía las condiciones psicológicas para haber perpetrado el hecho” expresó Karla Vaquerano, abogada defensora.
Maricela, tiene alteraciones psicosociales, diagnosticados desde que era una niña, pese a esta condición se le mantuvo detenida seis meses. Pero la intervención oportuna de la defensa logró que el 10 de abril de este año la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro anulara la sentencia de ratificación de la detención provisional, emitida por el Juzgado Noveno de Instrucción y se le otorgó la libertad provisional.
La resolución de la Cámara reconoció que a Marisela se le habían violado el derechos de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia; patrón recurrente cuando se trata de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios, como Imelda, Alba y las 17 y más.
Las organizaciones de mujeres que han acompañado a Marisela esperan que el Juez a cargo de la audiencia preliminar actúe de acuerdo a derecho y la deje en libertad, porque es inocente. El caso de Maricela sigue evidenciando la violación a los derechos de las mujeres en El Salvador, sobre todo aquellas que tras sufrir emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios se enfrentan a un sistema de justicia que las criminaliza y las condena como a las 17 y más.
