Hace referencia al acceso efectivo a una asistencia legal ante un proceso judicial, al igual que obtener información correcta y veraz de las leyes, derechos y libertades bajo criterios de oportunidad e imparcialidad. Puede ser ejercida a través de un abogado privado o de la Procuraduría General de la República, que tiene como una de sus funciones la defensa técnica de las personas que carecen de un defensor privado.
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