La presunción de inocencia establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que un tribunal declare lo contrario. Por esta razón, los acusados no deben probar su inocencia ante la justicia, siendo el acusador quien debe demostrar más allá de toda duda su culpabilidad. En El Salvador este derecho se encuentra consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política.
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